1. Fortaleciendo el Estado de Derecho.

Para que la República Dominicana pueda continuar avanzando en términos de desarrollo económico y social; así como para que haya prosperidad y bienestar para el conjunto de la población, resulta imprescindible que exista una estabilidad política democrática. En otras palabras, tiene que haber un desarrollo institucional que garantice el cumplimiento de un conjunto de normas y principios, lo cual constituye la base de la seguridad jurídica y de la existencia misma de un Estado de derecho. En nuestro país, se tiene cada vez mayor conciencia de la importancia de fortalecer el Estado de derecho como premisa para el avance y el progreso de la sociedad en general. Desde el 1996, durante el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández, se inició un plan integral tendente a la reforma y modernización del Estado dominicano. Se creó la Comisión Nacional de Reforma del Estado (CONARE); la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia; y una comisión de juristas para la modificación de los códigos legales. Se aprobó la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, Núm. 423- 06; la Ley de Crédito Público, Núm. 6-06; la Ley de Tesorería Nacional, Núm. 567-05; la Ley de Planificación e Inversión Pública, Núm. 498-06; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas, Núm. 340-06; la Ley que crea el Programa de Gobierno 2020-2024 - Dr. Leonel Fernández 19 de 344 Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, Núm. 5-07; la Ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, Núm. 10-07; la Ley Orgánica de Administración Pública, Núm. 247-12; la Ley sobre Función Pública, Núm. 41-08; la Ley Núm. 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; y la que –aun siendo una ley de transición– crea la jurisdicción especializada más importante para velar por el correcto funcionamiento de la Administración Pública, la Ley Núm. 13-07, del Tribunal Superior Administrativo, como un contrapeso judicial. Se impulsaron medidas tendentes a fomentar la transparencia administrativa y la probidad de los funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Así, se crearon la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa; el Sistema de Declaración Jurada de Bienes; la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción; y las comisiones de auditoría social. Con la proclamación de la Constitución del 2010, se produjo un notable avance en el fortalecimiento y del desarrollo institucional democrático en la República Dominicana. Se estableció por vez primera el Estado Social y Democrático de Derecho. Se dio origen al surgimiento de nuevas instituciones como, entre otras, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo del Poder Judicial, el Consejo Superior del Ministerio Público y el Tribunal Superior Electoral.

Programa de los siete pilares de transformaciones, El conferir categoría constitucional a ese conjunto de instituciones, tenía como objetivo el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, al crear los mecanismos institucionales de solución de conflictos, para el mantenimiento de la convivencia civilizada y la paz social. Ahora bien, una década después de la proclamación de nuestra Carga Magna en el 2010, varias de las instituciones creadas no han podido funcionar a plenitud en razón de que no han sido aprobadas las leyes necesarias para su implementación. Desafortunadamente, también, en los últimos años la República Dominicana ha experimentado un retroceso en materia institucional. Según Latinobarómetro 2018, la confianza en las instituciones en el país se encuentra en su punto más bajo en décadas. Se ha irrespetado la Constitución de la República. Se ha debilitado la relación de pesos y contrapesos en los órganos de poder del Estado. Se alega interferencia del Poder Ejecutivo en el ámbito judicial; y al Poder Judicial se le formulan críticas por la lentitud de los procesos y la falta de credibilidad en algunas de sus decisiones. El Congreso de la República luce como un poder subordinado y dócil al Ejecutivo. Los partidos políticos se han resquebrajado. Los ayuntamientos o gobiernos locales, en su mayoría, carecen de los recursos suficientes y resultan ineficaces en sus labores. Hay una pérdida de legitimidad en varias de las instituciones públicas. Se desconocen las reglas del juego democrático. Predomina un sentimiento de falta de Ola de transformaciones en la República Dominicana orden y autoridad. En fin, hay un reclamo de renovación de la democracia,y de devolverle a la política un sentido de dignidad, de honor y de respeto.

1.1. OBJETIVO: Impulsar el fortalecimiento institucional del Estado para avanzar en la seguridad jurídica. 

El proceso de discusión, aprobación y entrada en vigor de la Constitución del 26 de enero de 2010 significó para la República Dominicana una revolución en materia de derechos consagrados a favor de los ciudadanos y de medidas tendentes a garantizar la institucionalidad y la seguridad jurídica. Pero la adopción de la Constitución era sólo el primer paso. Era necesario también agotar un proceso de adaptación legislativa. Es decir, la creación o modificación de un catálogo de normas para regular nuevas o reformadas figuras dentro de la Constitución. Según el informe de la Comisión Especial para el estudio, determinación y levantamiento del catálogo de leyes de reserva y adecuación de la legislación vigente a la Constitución, entregado el 4 de septiembre de 2017, todavía tenemos una tarea pendiente en este sentido. De las 222 reservas que hizo el texto constitucional, solo se habían adoptado 114, por lo que quedaban más de 100 leyes pendientes.

Después de un reporte mostrado por la cámara de diputados en 2017 que avala lo mencionado más arriba, se ha logrado la aprobación de normas como la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral, y otros han sido sometidos, pero no aprobados todavía, quedan algunas leyes que consideramos esenciales para el funcionamiento idóneo de nuestra institucionalidad constitucional. Es así como una década después de su promulgación, todavía no existe la legislación necesaria para que los ciudadanos dominicanos puedan ejercer su derecho al referéndum o al plebiscito. Por lo tanto, en un nuevo gobierno de la Fuerza del Pueblo, enfocaremos esfuerzos para la elaboración de propuestas legislativas que permitan completar este ciclo tan importante, garantista del marco constitucional de la República Dominicana.

INICIATIVAS

Proposición al Congreso Nacional de las siguientes normas pendientes de aprobación, de acuerdo con la Constitución del 26 de enero de 2010:

- Adecuación del Código Penal de la República Dominicana.
- Adecuación del Código Civil de la República Dominicana.
- Adecuación del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana.
- Proyecto de Ley de Aguas.
- Proyecto de ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional.
- Adecuación de la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo.
- Proyecto de ley orgánica de regiones únicas de planificación de la República Dominicana.
- Proyecto de ley orgánica sobre derechos de participación ciudadana y mecanismos de control social.
- Proyecto de ley para la creación del sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
- Proyecto de ley para la regulación del ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población con menos ingresos.
- Proyecto de ley de vivienda, hábitat y asentamientos humanos.
- Proyecto de ley para el ejercicio de derechos colectivos y difusos medioambientales y del patrimonio.

1.2. OBJETIVO: Profesionalizar el servicio público, fomentando la capacitación de los servidores del Estado y garantizando la estabilidad laboral de los técnicos. 

Los niveles de desarrollo socio-económico de las naciones más avanzadas se vinculan con la puesta en práctica de sistemas de administración pública basados en la profesionalización que resulta de la aplicación de principios meritocráticos. Tenemos una legislación relativamente reciente (ley 41-08 sobre Función Pública). Los principios que están descritos en esta ley deben mantenerse: mérito personal, igualdad de acceso a la función pública, estabilidad en los cargos de la carrera, equidad retributiva, flexibilidad organizacional, irrenunciabilidad de derechos y tutela judicial efectiva.

- Integración obligatoria de las dependencias del Estado a los programas del Instituto Nacional de la Administración Pública.
- Requerimiento de un número determinado de horas de formación continua anualmente a los miembros de la Administración Pública, dependiendo de las competencias necesarias para el ejercicio de sus labores.
- Cargos de alto nivel (según la ley) deberán ser personas de capacidad probada en el área pertinente, o con altos niveles gerenciales, acompañados de un equipo técnico de calidad.
- Fortalecimiento de la carrera pública, a través de los mecanismos de garantía establecidos en la ley.  

1.3. OBJETIVO: Crear mecanismos eficientes y oportunos de transparencia y rendición de cuentas.  

La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana deben integrar las propuestas de un plan de gobierno, transversalmente, en todos los ámbitos del programa, enmarcando los objetivos específicos y las líneas de acción dentro de la visión de una gestión participativa, transparente, democrática, inclusiva, controlada y planificada. La política criminal, especialmente en materia de corrupción administrativa, debe responder a los numerosos retos que, con regularidad, enfrentan nuestras instituciones y operadores para combatir las prácticas indebidas de quienes se aprovechan de sus funciones para defraudar al Estado y a la sociedad. El rediseño de la política de persecución penal, la actualización de la legislación aplicable y el fortalecimiento institucional del órgano de persecución, juegan roles preponderantes para el cumplimiento de la norma y la debida sanción de quienes cometen actos de corrupción. 

 INICIATIVAS

- Fortalecer la aplicación del régimen disciplinario contenido en la Ley Núm. 41-08, así como en las leyes sobre carreras administrativas especiales y otras leyes que regulan el ejercicio de la función administrativa.
- Dotar de mayores recursos económicos, humanos y técnicos a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para cumplir con sus atribuciones; así como ampliar estas competencias, en acuerdo con las necesidades que surjan de la implementación de este plan de gobierno.
- Implementar un sistema de supervisión y vigilancia permanente sobre los servidores públicos con relación a régimen de incompatibilidades, según la función administrativa en que se desempeñen.
- Diseñar y poner en ejecución programas académicos sobre ética y transparencia, que deberán ser cursados de manera obligatoria por todos los servidores públicos del gobierno central, a través del Instituto Nacional de Administración Pública.
- La carga horaria dependerá de la naturaleza de las responsabilidades de cada grupo.
- Promover la actualización del Código Penal Dominicano, mediante el proyecto de reforma que tipifica: los beneficios económicos provenientes de operaciones en una entidad pública, el tráfico de influencias, la recepción ilegal de beneficios, la corrupción pasiva y las concesiones de ventajas a terceros.
- Fomentar los mecanismos existentes de control social de la actividad administrativa, tanto previo como posterior, especialmente pero no limitado a: a. Consensuar una directriz o protocolo para regular las compras de urgencia y durante emergencias, promoviendo un mayor control de la sociedad cuando la legislación se torna más flexible. 

b.Crear un registro oficial de auditores privados independientes y reglamentar el proceso para que auditen obras, contratos y procesos públicos, a solicitud de la sociedad civil, bajo supuestos determinados. 

c. Fomentar y hacer operativo el control social de los ingresos, gastos y el uso de los fondos públicos, establecidos en el Art. 246 de la Constitución.

d. Crear un mecanismo de denuncias anónimas de irregularidades, que podrá ser utilizado tanto por los servidores públicos, como por la sociedad, en general.  

1.4. OBJETIVO: Mejorar los procesos gubernamentales para lograr un Estado más eficiente. 

Para alcanzar el crecimiento económico, es importante atraer la inversión privada, tanto la nacional como la extranjera. Se requiere crear un clima de negocios apropiado para incentivar la realización de esas inversiones. 

Con frecuencia se produce una falta de ánimo, por parte de los inversionistas, al enfrentarse con las distintas trabas para cumplir con todos los requisitos legales para poner en movimiento el proyecto empresarial. El Estado debe procurar ser eficiente, ágil y competitivo. Para eso proponemos lo siguiente:  

INICIATIVA

- Establecimiento de programas de ventanilla única.
- Creación de oficinas regionales para trámites de solicitudes; cumplimiento de obligaciones fiscales o de otra naturaleza; y obtención de permisoso de autorización para inicio de proyectos.
- Uso de las tecnologías de información y comunicación para modernizar, agilizar y hacer más eficientes los procesos.
- Creación de un clima de negocios y reducción de los plazos para la obtención de permisos.  

1.5. OBJETIVO: Promover un Estado más cercano, creando espacios de diálogo y concertación con los ciudadanos y ciudadanas. 

Buscamos promover un Gobierno Abierto, que facilite la comunicación con los ciudadanos en todo lo relacionado con la Administración Pública. 

Se entiende por Gobierno Abierto el modelo de gestión en la Administración Pública que se relaciona con la sociedad de forma transparente, colaborativa, integrada, comunicativa y multidireccional, desde y hacia todos los niveles, apoyándose del interés colectivo, de las tecnologías, del conocimiento, de la innovación y de la experiencia. Se trata de la confluencia del talento y de la experiencia tanto dentro como fuera de la función pública, con miras a tomar y ejecutar decisiones sobre políticas públicas, atendiendo a las necesidades y preferencias de los ciudadanos junto con ellos, permitiéndoles, a su vez, dar seguimiento permanente a lo decidido.  

INICIATIVA

- Implementación del Protocolo de Apertura Gubernamental, para la publicación de las informaciones que integran los datos abiertos.
- Publicación de normas para que los ciudadanos dispongan de toda la información pública que sea de su interés, con una visión de publicidad “abierta por defecto”, para que los datos e informaciones públicas estén disponibles incluso antes de ser solicitadas por los particulares.
- Creación de un sistema de focalización de la información pública según su valor social, económico y de gobernanza, mediante formatos abiertos estructurados y disponibles para todos los ciudadanos.
- Reforzamiento de los mecanismos de ejercicio de acceso a la información pública, mediante programas de educación a la ciudadanía sobre los valores promovidos por el Gobierno Abierto.
- Fortalecer los mecanismos de publicidad al Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) y a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
- Promoción del diálogo político y el diálogo social, como una práctica permanente de concertación y búsqueda de consensos.  

1.6. OBJETIVO: Reorientar la política exterior del Estado dominicano para adecuarla a la realidad actual 

Por mandato de la Constitución de la República, la política exterior dominicana se fundamenta en la afirmación y promoción de nuestros valores e intereses nacionales, y en el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional, mediante actuaciones compatibles con la paz internacional, favoreciendo los espacios de integración regionales y multilaterales. La soberanía y libre determinación son pilares inmutables que fortalecen la defensa del principio de la no intervención, una norma imperativa de la política internacional dominicana que guía nuestro accionar estatal en el ámbito internacional.

Nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo también provee un mandato, cuando dentro de sus objetivos procura “consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional.” De igual forma, como miembros fundadores de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, la integración latinoamericana y la cooperación bilateral y multilateral son elementos centrales de la política exterior dominicana. Por ello, debemos desde nuestras iniciativas aportar constructivamente a la discusión de desafíos globales tales como el cambio climático; la reforma de los mecanismos de gobernanza global; y el alcance de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En adición a ello, la función diplomática al igual que muchas disciplinas profesionales se encuentra en un proceso de cambios profundos que ameritan una reevaluación de las habilidades y destrezas de su capital humano. Destacan entre ellas el auge de la diplomacia digital y la diplomacia cultural. La multipolaridad es una característica inherente al balance de poder global de las últimas tres décadas. Sin embargo, para nadie es un secreto que la relación bilateral más importante en la definición de las dinámicas de poder y cooperación es la que se da entre los Estados Unidos de Norteamérica, el socio comercial más importante del país, y China, con el que recientemente establecimos relaciones diplomáticas formales. Nuestro país no es ajeno a esa dinámica y necesita una estrategia de política exterior que nos permita aprovechar equilibradamente las nuevas oportunidades que genera una nueva relación bilateral y al mismo tiempo fortalecer los lazos con nuestro socio comercial más importante. Una consecuencia inesperada de la actual pandemia global es una reconfiguración de las cadenas de producción y distribución de las economías más desarrolladas. La ausencia de diversificación hace que un shock a la oferta de productos de industrias como la médica o la farmacéutica genera incertidumbre. 

Por eso, muchas industrias se relocalizaron a países más cercanos a los Estados Unidos o la Unión Europea. Esto constituye una importante oportunidad para la industria nacional de las zonas francas de manufactura. Por otro lado, profundos cambios políticos, económicos y sociales hacen que el concierto de naciones tradicionalmente denominado comunidad internacional cada día enfrenta mayores problemas comunitarios y globales con respuestas individuales y locales. Por ello es innegable que los múltiples mecanismos de integración regional como la CELAC o la OEA, de cooperación multilateral y gobernanza global enfrentan en la actualidad una profunda crisis para cuyos efectos la República Dominicana debe prepararse de forma proactiva. Asimismo, el país solo cuenta con 5 embajadas en el Caribe, una región de 15 Estados con una cercanía geográfica importante y altos requerimientos de importaciones. La República Dominicana tiene la economía más dinámica, con mayores niveles de productividad agrícola, de servicios e industrial de la región. Por eso, estamos llamados a asumir un rol de liderazgo que nos permita potenciar nuestra industria de exportaciones hacia el Caribe mediante la creación de nuevas oficinas comerciales en la región. Para lo anterior es particularmente importante crear una agenda multisectorial que nos permita identificar los intereses nacionales más relevantes y a partir de allí, trabajar sobre los ejes fundamentales de política exterior contenidos en la presente propuesta. Por otro lado, la diáspora dominicana supone una importancia fundamental para el bienestar de miles de familias y la estabilidad macroeconómica nacional, con aportes en remesas cercanos a un 8% por ciento del PIB e incalculables aportes comerciales y culturales. Por ello, nuestra política exterior no puede considerarse completa si no prevé mecanismos de consulta y participación que permitan atender de forma eficaz y eficiente los reclamos e intereses de los dominicanos residentes en el exterior. 

Al igual que todas las áreas del ejercicio de la política pública, urge que a través de una política exterior orgánica y sensible a los intereses de la nación dominicana podamos incidir en los procesos de toma de decisión regionales y globales, potenciar los flujos de inversión extranjera directa, fortalecer los lazos bilaterales con naciones de intereses afines y verdaderamente aprovechar las enormes ventajas geográficas que nuestra ubicación y liderazgo en la industria de servicios.

Para ello es impostergable una profunda reforma al proceso de confección de nuestra política exterior que inicia con el aceleramiento del proceso de profesionalización del activo más importante del servicio exterior, el capital humano. Hemos previsto tres objetivos específicos para cumplir con nuestro objetivo general:  

Objetivo específico 1: Hacia un nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores. Implementar profundas reformas institucionales y orgánicas que permitan mejorar significativamente la eficacia de la diplomacia dominicana.

La República Dominicana tiene actualmente 44 embajadas y108 consulados en el exterior. En ese orden, la nueva ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, 630-16, contempla que la proporción de designaciones de diplomáticos de carrera no sea menor de un 60% hasta el rango de ministro consejero y de 50% hasta el rango de embajadores, para lo cual el Gobierno dispondrá de plazos de 10 a ocho años. La disposición está contenida en el artículo 66 de la referida ley que dispone que la proporción de designaciones de funcionarios de la carrera diplomática, tanto en la Cancillería como en el servicio exterior, no podrá ser menor de un 60% hasta el rango de ministro consejero y de un 50% para el rango de embajadores. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados para fortalecer el MIREX incluyendo la aprobación de la ley 630-16 y el reglamento 142-17, hoy la institución presenta profundas debilidades que socavan seriamente cualquier intento por mejorar nuestro cuerpo diplomático. Con este objetivo específico buscamos mejorar la profesionalización del servicio exterior ya previsto en la ley, así como una mejor reorganización institucional, que logre mejores resultados, con un menor uso de recursos. 

Objetivo específico 2: Relanzamiento de la política exterior comercial: Aumentar la apertura de misiones exclusivamente con fines comerciales en los principales destinos de exportación (Estados Unidos, Haití, Europa, Centroamérica y El Caribe) y en los nuevos potenciales (China, países del sudeste asiático). 

Nuestro país es un beneficiario neto de los importantes flujos de inversión extranjera directa que encuentran en nuestra isla un destino seguro.

Por ello, como una economía abierta y altamente dependiente del flujo de turistas y capital, es nuestro interés asegurar que las trabas al comercio de personas y capital se reduzcan o al menos no se incrementen.  

Objetivo específico 3: Política exterior multilateral y bilateral. Fortalecer las relaciones bilaterales más importantes, expandir nuestra presencia global con nuevas misiones comerciales e impulsar propuestas de reforma de varios organismos de cooperación multilateral hemisférica y global.  

La República Dominicana como Estado abierto al derecho y la cooperación internacional sobre la base de la independencia, la soberanía y la autodeterminación, conduce su interacción con el mundo a través de relaciones hemisféricas y globales de forma bilateral y multilateral. En calidad de miembro fundador de la ONU, la OEA y como la mayor economía del Caribe, nuestra política exterior está llamada a fortalecer y expandir nuestras relaciones, impulsar las muy necesarias reformas de varias organizaciones internacionales y liderar los debates globales de temas sensibles para nuestros intereses nacionales.  

Iniciativas para política exterior

- Reorganizar las concurrencias de las embajadas dominicanas atendiendo a criterios de eficiencia geográfica, programática y económica.
- Evaluar el desempeño y las funciones de todos los servidores públicos en el exterior en reducir las redundancias de personal.
- Homogenizar e institucionalizar la escala salarial de todos los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores en aras de garantizar que se observen las disposiciones normativas aplicables a los distintos cargos de la carrera diplomática.
- Fortalecer el proceso de reclutamiento a la carrera diplomática de los egresados del programa de maestría del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC) conforme a los dispuesto en la ley 630-16 y el reglamento 142-17.
- Homogenizar los procedimientos y los costos de obtención de los diferentes visados con fines de residencia dominicana o negocios con el objetivo de facilitar la expatriación de inversionistas y personal de empresas extranjeras instaladas en territorio nacional.
- Reformar la oferta curricular del INESDYC para dotar a los servidores públicos de las competencias y habilidades necesarias para la diplomacia contemporánea.
- Establecer una comisión de veedores de la sociedad civil que fiscalice el cumplimiento de las normas aplicables en lo relativo a la contratación, remuneración, ascensos, rotación y separación del capital humano, así como ejecución presupuestaria del MIREX.
- Creación de una plataforma única integrada de servicios consulares que facilite las gestiones requeridas por la diáspora dominicana y por los extranjeros que soliciten visas de turismo, negocios o residencia.
- Creación de una plataforma digital actualizada con los datos de contacto de los dominicanos residentes en el exterior que permita agilizar la prestación de servicios consulares y ejercer efectivamente su derecho constitucional al voto.
- Lanzamiento de una nueva estrategia de diplomacia digital que logre nuestro servicio exterior comunique efectivamente sobre las bondades de RD como destino de inversión y al mismo tiempo gestione de forma estratégica cualquier potencial crisis de marca país.
- Fortalecer los lazos de cooperación y diálogo con nuestros socios de los Estados Unidos de Norteamérica con el objetivo de crear las condiciones ideales para renegociar los desmontes arancelarios previstos por el DR-CAFTA que afectan negativamente la industria nacional.
- Expandir los lazos comerciales con la República Popular China con el objetivo de atraer inversiones en la industria de la manufactura y al mismo tiempo incrementar las exportaciones de productos acabados tales como el tabaco y las bebidas alcohólicas de producción nacional.
- En el marco del Acuerdo de Asociación Económica UE-CARIFORUM, impulsar un diálogo constructivo que permita a la industria nacional adoptar las medidas fitosanitarias necesarias para incrementar nuestras exportaciones hacia la Unión Europea.
- Creación de una dirección especial de diplomacia comercial con el objetivo de fortalecer la promoción de República Dominicana como un destino de inversión.
- Lanzamiento de una nueva estrategia de promoción del libre comercio que tome en cuenta la protección de sectores sensibles de la industria nacional en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMS) y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
- Creación de una nueva estrategia de marca país junto al CEI-RD que nos permita posicionarnos como un destino seguro para el capital de la industria de servicios financieros, turísticos y de manufactura.
- Ampliación de las relaciones comerciales entre Estados del Caribe y miembros del CARIFORO con la apertura de al menos 4 nuevas misiones comerciales que permitan posicionar los productos de exportación de la industria nacional.
- Ampliación de las relaciones comerciales en Oriente Medio con la apertura de al menos dos misiones comerciales en el golfo pérsico.
- Establecer nuevas misiones comerciales en mercados emergentes del sudeste asiático como, por ejemplo, Vietnam, Malasia o Singapur, entre otros.
- Explorar la ampliación de nuevas relaciones bilaterales con Estados de Oriente Medio.
- Impulsar una propuesta de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU que amplíe la membresía de los miembros permanentes y no permanentes para incrementar la legitimidad de los esfuerzos del organismo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
- Proponer el relanzamiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con una estructura administrativa que haga viable su funcionamiento y una membresía que abarque todos los Estados latinoamericanos.
- Abogar por una reforma integral del funcionamiento de la Organización de Estados Americanos que permita ampliar el espectro de su trabajo en la región y diversificar sus fuentes de financiamiento.
- Creación de un nuevo mecanismo de diálogo y consulta permanente con las autoridades haitianas en sustitución de la comisión mixta bilateral que permita un mejor flujo de comunicación y un intercambio comercial justo con nuestro segundo socio comercial.
- Fortalecer el perfil profesional del personal de las misiones permanentes ante organismos multilaterales, especialmente aquellas que resulten sensibles para los intereses del país tales como el Consejo de Derecho Humanos, la Organización Mundial de Comercio.
- Promover la creación de espacios de diálogo inclusivos de sociedad civil – empresas- Estado para la adecuación de la política exterior y la estrategia nacional de desarrollo a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Perfil migratorio de República Dominicana  

En febrero 2018, se publicó el primer perfil migratorio de nuestro país, realizado por el Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM), y el Instituto Nacional de Migración de República Dominicana (INM). En los datos estadísticos incluidos en el perfil se evidencia que 524,632 de los 10 millones de habitantes de ese país son personas nacidas en el extranjero. En total, el 87.3 % de los migrantes que residen en República Dominicana provienen de Haití. En la variable que le compete a la presente investigación, la población dominicana en el exterior, el informe del Instituto Nacional de Migraciones revela que sigue aumentando y que los descendientes de los emigrantes marcan un nuevo escenario de la diáspora dominicana. El aporte de estos emigrantes se refleja en las remesas reportadas por el Banco Central, que para el 2016 sobrepasaron los USD$ 5,2 miles de millones de dólares, y que en 2017 se elevaron hasta casi alcanzar los 6 mil millones de dólares americanos.

En tanto, según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, entre los años 2000 y 2015, el estimado de personas dominicanas que emigró hacia otros países aumentó casi un 50%, al pasar de 880,284 a 1, 304,493 personas. Los Estados Unidos de América es el país de destino predominante de la emigración dominicana, al albergar actualmente el 72% del total de personas que salen del país, aunque su peso relativo habría disminuido ligeramente frente al estimado del año 2000 que alcanzó el 78.12%. Según datos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, (UNDESA) por región geográfica, la distribución de la emigración dominicana evidencia una preferencia por Norteamérica y Europa, zonas que albergarían aproximadamente el 91% del total de emigrantes de la República Dominicana. Tan solo el 9% de la población emigrante está radicada en países o territorios de América Latina y el Caribe. 

Iniciativas de políticas de Emigración

- Continuar la transformación del servicio consular para mejorar los servicios ofertados y ampliar la protección de la población.
- Incentivar una mayor vinculación económica, social, política, cultural y deportiva de los dominicanos en el exterior del país.
- Aprobación de la ley que regula el retorno digno, la repatriación de cadáveres y la creación de un observatorio de la situación de los dominicanos en el exterior.
- Creación del premio al Dominicano Sobresaliente en el Exterior, por diferentes áreas del conocimiento.

Flujos Migratorios hacia República Dominicana

La República Dominicana es un país de origen, tránsito y destino de migrantes internacionales, y entre los retos más apremiantes para el país ha sido la definición de una política migratoria clara que a la vez que respeta los derechos humanos de las personas migrantes no se opone a los intereses de la soberanía nacional. En este contexto, el país tiene retos que incluyen: el volumen de migrantes internacionales en el territorio nacional, la trata y tráfico de personas, la relación con las comunidades de dominicanos en el exterior, y el aseguramiento de los derechos humanos de las personas migrantes en el país. 

 INICIATIVAS DE POLÍTICA DE MIGRACIÓN

- Reforzar la seguridad fronteriza, no solo con capital humano sino tecnológico, creando un cerco virtual para asegurar su gestión de manera integrada, segura y coordinada sobre el territorio terrestre, aéreo y marítimo, personas, bienes y mercancías.
- Establecer nuevos protocolos para que las repatriaciones se realicen de manera ordenada, regular, en apego a los derechos humanos y considerando las necesidades especiales de mujeres, niños y envejecientes.
- Fortalecer el marco de prevención, combate y sanción del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, en particular de mujeres, niños, discapacitados, así como en contextos de crisis humanitaria.
- Ampliar la interinstitucionalidad de la política migratoria, procurando la articulación entre organismos directamente vinculados a la migración con organismos municipales, educativos, laborales, sanitarios, judiciales, de infancia, de género, de discapacidad, entre otros.
- Establecer los mecanismos para la definición de cuotas de migrantes en los sectores productivos, que asegure la rentabilidad en las operaciones y no ponga en riesgo la participación de los dominicanos en el mercado laboral.
- Satisfacer la demanda de permisos temporales o de residencias creadas por los sectores productivos, basados en un perfil de aptitudes, cualificaciones y competencias y apegado a las cuotas establecidas para dichos sectores.
- Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas para la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración segura, ordenada y regular. 

FUENTE: 7 pilares para una nueva ola de transformación en la República Dominicana